jueves, 11 de febrero de 2010

Procurador dispone investigar a fiscales de SC

Autoridad. Doctor Radhamés Jiménez Peña, procurador general.

Santo Domingo.- El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, creó ayer una comisión para investigar la denuncia contra fiscales adjuntos de San Cristóbal, a quienes se atribuyen faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

La comisión la integran los procuradores generales adjuntos, Ramón Arístides Madera Arias y Bolívar Sánchez, y el fiscal adjunto, Edward Núñez.

El jefe del ministerio público instruyó a los miembros de la comisión a realizar las investigaciones que sean necesarias y rendirle un informe con las recomendaciones que entiendan pertinentes.

La comisión fue nombrada luego de que un inspector del Departamento de Inspectoría Judicial de la Suprema Corte de Justicia, diera cuenta de una serie de imputaciones contra fiscales adjuntos de San Cristóbal, acusados de cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

Coronel Velásquez
En otro orden, el procurador Jiménez Peña dijo ayer que recurrirán en casación el fallo que ordenó la libertad del ex coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Pablo Manuel Velásquez Taveras, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del mayor José Miguel Herrand Mancebo.

Sostuvo que el ministerio público no está conforme con la decisión, por lo que recurrirían en casación.

Detalló que el recurso de casación será instrumentado por el procurador de la Corte de Apelación de la provincia San Cristóbal.

“Le he dicho siempre a ustedes que los jueces son soberanos y que la decisión del ministerio público es, sino está de acuerdo, recurrir a los organismos institucionales que la ley pone a su cargo”, explicó.

La Corte de Apelación de la Provincia de San Cristóbal ordenó la libertad Velásquez, tras descargarlo de la responsabilidad penal.

En tanto, el abogado del ex coronel Velásquez Taveras, doctor Víctor Turbí, denunció ayer que el ministerio público de esa jurisdicción desacató la sentencia que ordena su libertad. Dijo que el ministerio público se niega a poner en libertad a su cliente, a pesar de que la sentencia es ejecutoria.

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